Turismo y responsabilidad política

Santiago Eraso Beloki

La historia de la civilización y la de los viajeros están relacionadas de forma intrínseca. Más allá de los efectos migratorios de las guerras y los desplazamientos por supervivencia, las peregrinaciones, las expediciones, los viajes científicos o profesionales fueron, y muchos de ellos siguen siendo, causa de importantes movilizaciones. Casi todos somos viajeros y de alguna manera turistas porque también disfrutamos de las fiestas, gastronomía, costumbres, excelencias culturales, parajes excepcionales o monumentos de los lugares que visitamos. Por lo tanto, nadie está exento de responsabilidad cuando en beneficio de un turismo más ecológico se proponen medidas que contribuyan a paliar los efectos negativos generados por el crecimiento ilimitado de la movilización global, entre los que debemos incluir los causados por la industria turística.

El cambio de paradigma en los modelos de movilidad se produce a finales del siglo XIX con el desarrollo de la Revolución industrial. La máquina de vapor, el transporte ferroviario y la aviación comercial se extienden con gran rapidez por toda Europa y Norteamérica. El progreso económico coincide con la  aparición de una burguesía que dispondrá de recursos, tiempo y “libertad” para viajar de forma “caprichosa”. Es el inicio del turismo para las clases más privilegiadas que, emulando a la aristocracia, se desplazarán a los balnearios, sanatorios y hoteles de montaña o costa.

A mediados del siglo pasado, tras la Segunda Guerra Mundial, aparecen las primeras agencias de viajes y asistimos a un importante auge del turismo popular europeo, extendiéndose esos “beneficios de clase” a otros segmentos sociales. Este boom del turismo, que ha ido creciendo hasta la actualidad, de momento termina con la incorporación de viajeros de China o los países del Golfo, cuyo enriquecimiento por el aumento del consumo del petróleo y el desarrollo industrial ha favorecido que una parte privilegiada de su población visita otros lugares del mundo.

Pero aunque parezca que el turismo se ha “naturalizado” y forma parte de la vida ordinaria de cualquier persona, nada está más lejos de la realidad. La inmensa mayoría sigue sin “derecho a vacaciones” y mucho menos posibilidad de viajar. Teniendo en cuenta que en 2014 se contabilizaron 1.133 millones de turistas y la población mundial ha sobrepasado los 7.000 millones, podemos decir que el turismo aún es una prerrogativa de determinadas clases sociales de ciertos países desarrollados.

Sin embargo, el mundo común que habitamos todos, seamos o no turistas, está siendo afectado por una profunda crisis ecológica derivada de un modelo económico de crecimiento desmedido e incontrolado, uno de cuyos eslabones es la cadena de producción y destrucción generada con nuestros desplazamientos. Es decir, cuando hablamos de turismo también nos debemos referir a las causas y los efectos que subyacen en este tipo de movilización global y también a las consecuencias que tienen en nuestra vida cotidiana y en el equilibrio del planeta.

Según Dean MacCanell, autor de El turista: una nueva teoría de la clase ociosa y Lugares de encuentro vacío —este último cercano también a las tesis del célebre Los no lugares de Marc Auge—, la expansión material e ideológica del capitalismo y de la modernidad se encuentra vinculada con la masificación del ocio y el turismo, y viceversa. El turista “consume” espacios, a la vez que los vacía de tradición y sentido; tal vez genere muchos recursos para unos pocos y empleo para otros —dice este reconocido profesor de paisajismo de la Universidad de California— pero altera sustancialmente las relaciones humanas y sociales de los habitantes, así como sus ecosistemas de vida.

Cuando los movimientos ecologistas y organizaciones ambientales proponen medidas de contención para paliar esos efectos no se pretende culpabilizar individuamente a los turistas, sino reclamar a los responsables políticos que rigen nuestras instituciones medidas estructurales contra el cambio climático y el modelo económico que lo produce, que, respetando la libertad de movimientos y el derecho al ocio de las personas, contrarresten los consecuencias nocivas que produce la movilidad global y la descontrolada industria del turismo. En ningún caso se intenta alimentar una supuesta “turismofobia” mediática y política que neutraliza la crítica subyacente en el malestar social de rechazo a la masificación turística y, en el fondo, oculta y despolitiza el verdadero análisis socioeconómico necesario para abordar los cambios ineludibles.

No se trata tanto de penalizar a las personas, sino de requerir alternativas globales a corto, medio y largo plazo —no solo retóricas y propagandísticas— que facilitan un tránsito razonable hacia otro tipo de movilidad menos depredador, incluida la turística.

Por indicar algunas —por supuesto habría muchas más— a nivel internacional: disminuir las emisiones de Co2 y las de gases de efecto invernadero; mejorar la eficiencia energética; sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, modificando las alianzas dependientes con los países productores de petróleo y, en consecuencia, desmilitarizando las políticas internacionales; desarrollar el transporte no contaminante y la reconversión de la industria automovilística; reducir la deforestación y la degradación del medio natural; activar políticas de apoyo al equilibrio entre agricultura y sistemas ganaderos locales e internacionales; intentar cambiar los modelos nutricionales, favoreciendo una reconversión ecológica de toda la cadena de alimentación y su transporte; controlar la especulación económica de los territorios y legislar a favor de la protección de los suelos vivos, la base que nos sostiene y permite la vida; trasladar las competencias sobre suelo y vivienda a las entidades locales para impedir que algunas leyes internacionales sigan salvaguardando los intereses de los grandes grupos inmobiliarios y financieros; sustituir los modelos de ciudades competitivas que, entre otras instituciones, promociona la Unión Europea a través de líneas de financiación a la “producción creativa” (capitales culturales, ciudades inteligentes, smart cities, etc..) —que con tanto entusiasmo predicaron Richard Florida y aun hoy lo siguen haciendo muchos animadores de las denominadas “industrias culturales o de la innovación y el emprendimiento”— por otros que fomenten la colaboración interurbana y la activa participación e implicación ciudadana (en sus textos fundacionales el proyecto con el que Donostia/San Sebastián consiguió el título de Capital Europea de la Cultura lo intentó y, en cierto modo en su posterior desarrollo fracasó, convirtiéndose en otro ejemplo más de lo que nunca pretendió). Según el geógrafo canadiense Jamie Peck y editor de Medio Ambiente y Planificación las denominadas ciudades creativas son un mero envoltorio estético de las mismas políticas urbanas neoliberales y fomentan la competencia entre ciudades, la normalización de la desigualdad socio-espacial y el desplazamiento provocado por la gentrificación, así como la preponderancia de los intereses del mercado y de la propiedad del mercado y de la propiedad inmobiliaria sobre cualquier otro factor.

En el ámbito local, las instituciones públicas, si realmente lo desean, también pueden impedir políticas territoriales depredadoras, superadoras de la lógica del crecimiento ilimitado. Se podría planificar un urbanismo más descentralizado y antiespectacular; antes de seguir actuando prioritariamente en los centros urbanos, mejor pensar una ciudad más policéntrica que diversifique y disperse las actividades, incluidas las de ocio y nocturnas (no acabo de entender porqué las grandes ciudades como Madrid tiene que hacer los grandes eventos en el mismísimo centro de la ciudad); contener el crecimiento inmobiliario y perseguir las transacciones fraudulentas de fondos de inversión y grandes propietarios (los bancos Santander, BBVA y Acciona acaban de lanzar la primera compañía de alquiler de pisos de este país; no quiero ni pensar lo que puede suponer en la especulación de los precios); frenar la construcción en zonas realmente degradadas como las costas; impedir recalificaciones de terreno orientadas a aumentar suelo urbanizable y fiscalizar el uso indebido y especulador del negocio inmobiliario (el reciente acuerdo sobre la operación Chamartín de Madrid podría considerarse un fracaso de las políticas progresistas y un gran triunfo de las mismas dinámicas especuladoras y financieras que causan la mayor parte de los problemas que deben resolverse en beneficio de una ciudad mucho más habitable); abolir la actual Ley de Arrendamientos Urbanos e intervenir en los precios de venta o alquiler de vivienda; consolidar y aumentar los actuales parques públicos construyendo a precios y alquileres razonables; controlar los procesos de gentrificación turística y mantener el carácter residencial de los barrios afectados, activando más sus espacios públicos para frenar su progresiva turistización, privatización y mercantilización —terrazas, veladores, negocios turísticos, etc.— y así mejorar la vida comunitaria; fomentar un urbanismo social y cultural basado en muchos y diversificados equipamientos de cercanía para usos intergeneracionales, abandonando de una vez por todas la creación de grandes polos de atracción cultural/turística y, en su caso, deslocalizar los programas de los que ya forman parte inevitable de ese paisaje monumental; apoyar con mejores incentivos —incluso con protección oficial— el comercio de cercanía familiar para la vida cotidiana y las pequeñas empresas que desplieguen actividades profesionales no ligadas necesariamente al turismo; regular las relaciones laborales de los trabajadores de los servicios turísticos de manera que se contribuya a paliar los bajos salarios y la precariedad laboral (aunque aplicable claro está a los demás sectores); promover medidas correctoras de la explotación laboral; iniciar un proceso de reconversión económica que impida esta huida hacia un modelo local de crecimiento basado en el monocultivo turístico; impulsar otros desplazamientos locales, desactivando la propaganda del exotismo de la lejanía (más cerca también hay lugares y experiencias excepcionales); romper la estacionalidad y diversificar los flujos temporales; promover el trasporte público y ecológico, abaratando sus costos y estimulando el abandono del privado; incentivar las energías renovables (en este país con tanto cultura del sol es incomprensible e indignante que se castigue su uso; hace unas semanas, sin ir más lejos, Gas Natural ha impugnado el concurso eléctrico que el Ayuntamiento de Madrid intentó promover para premiar a la energía libre de emisiones); activar planes y acciones de educación ambiental y desaceleración del crecimiento, desde la escuela hasta la gestión de las instituciones públicas en general. En definitiva, invertir en conocimiento e investigación relacionados con los efectos del cambio climático y el modelo económico actual, para asumir la responsabilidad que tenemos con la vida buena y digna de las próximas generaciones.